Instalación ex novo de ascensor en comunidad donde reside una persona mayor de 70 años. Procedimiento a seguir

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Instalación ex novo de ascensor en comunidad donde reside una persona mayor de 70 años. Procedimiento a seguir

Planteamiento 
En una Comunidad hay una persona discapacitada y mayor de 70 años.
Se va a plantear en la reunión la instalación de ascensor, lo que es probable que resulte aprobado por mayoría, por lo que si es así entiendo que todos los vecinos deberán contribuir al pago de la instalación. (art. 17.2 LPH –EDL 1960/55-), ¿deberían contribuir también los locales?.
Por otra parte, la instalación del ascensor requiere que todos los vecinos pierdan unos metros de la cocina (para hacer factible la instalación, ya que el edificio es antiguo y no hay otro hueco). Los vecinos que voten en contra de la instalación ¿están obligados a «ceder» esos metros de su cocina? y en caso de que estén obligados ¿tienen derecho a ser indemnizados?

Solución 
Dice el art. 10.1.b) LPH –EDL 1960/55– que es una obra obligatoria para a comunidad “b) Las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal y, en todo caso, las requeridas a instancia de los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de setenta años, con el objeto de asegurarles un uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes, así como la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su comunicación con el exterior, siempre que el importe repercutido anualmente de las mismas, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. No eliminará el carácter obligatorio de estas obras el hecho de que el resto de su coste, más allá de las citadas mensualidades, sea asumido por quienes las hayan requerido”. Dice el art. 10.2.a) –EDL 1960/55– que “Serán costeadas por los propietarios de la correspondiente comunidad o agrupación de comunidades, limitándose el acuerdo de la Junta a la distribución de la derrama pertinente y a la determinación de los términos de su abono”.
Ahora bien, si el coste de la instalación es menor de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes hay que adoptar un acuerdo en junta conforme al art. 17.2 LPH. En tal caso, dice el precepto que “Cuando se adopten válidamente acuerdos para la realización de obras de accesibilidad, la comunidad quedará obligada al pago de los gastos, aun cuando su importe repercutido anualmente exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes”. Por tanto, obliga también a los locales.
Por lo demás, adoptado el acuerdo por la mayoría del total de votos y cuotas del art. 17.2 LPH –EDL 1960/55– éste puede tener efectos de imposición de servidumbres permanentes, como privación de parte de propiedades privativas y expropiación. El acuerdo obligaría a todos los vecinos.
En efecto, la sentencia del TS Sala 1ª de 22 diciembre 2010 –EDJ 2010/298174– declara que «la instalación de un ascensor en una comunidad de vecinos que carece de este servicio, considerado como de interés general, permite la constitución de una servidumbre para tal fin, incluso cuando suponga la ocupación de parte de un espacio privativo, siempre que concurran las mayorías exigidas legalmente para la adopción de tal acuerdo (…). La ocupación de un espacio privativo, en el que difícilmente concurrirá el consentimiento del vecino afectado, no puede suponer una privación del derecho de propiedad al extremo de suponer una pérdida de habitabilidad y funcionalidad de su espacio privativo.
Y la sentencia del TS Sala 1ª de 10 octubre 2011 –EDJ 2011/242199– fija como doctrina jurisprudencial que la instalación de un ascensor en una comunidad de vecinos que carece de este servicio, considerado como de interés general, permite la constitución de una servidumbre con el oportuno resarcimiento de daños y perjuicios, incluso cuando suponga la ocupación de parte de un espacio privativo, siempre que concurran las mayorías exigidas legalmente para la adopción de tal acuerdo, sin que resulte preceptivo el consentimiento del copropietario directamente afectado y que el gravamen impuesto no suponga una pérdida de habitabilidad y funcionalidad de su espacio privativo.
Por tanto, esa ocupación de parte de las cocinas es posible, indemnizando a los propietarios afectados que no tienen por qué ser todos los vecinos.

Fuente. Base de datos suscrita «El derecho»

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